En la sesión llevada a cabo en la Legislatura porteña se votaron dos proyectos impulsados por la Secretaría de Género de la CTA Capital que fueron presentados por la diputada de Buenos Aires para Todos, Laura García Tuñón. Ambos visibilizan derechos que las mujeres vienen exigiendo en distintos ámbitos. 

Se votó una declaración que manifiesta que “la Legislatura vería con agrado la Creación de un Jardín de Infantes en la nueva sede del Banco Ciudad en el barrio de Parque Patricios. El jardín maternal es una necesidad para garantizar la igualdad entre varones y mujeres, dado que siguen siendo ellas quienes afrontan mayormente las tareas de cuidado de los hijos (80% son mujeres)”.

Al repecto la diputad García Tuñón expresó que “la construcción de un nuevo edificio de la sede central del Banco Ciudad en Parque Patricios, abre la posibilidad de garantizar en las mejores condiciones, el derecho de los chicos y chicas al cuidado y la igualdad entre varones y mujeres”.

Desde la Secretaría de Género de la CTA Capital también se planteó la preocupación por la situación laboral de las mujeres víctimas de violencia y en ese sentido se presentaron diversos proyectos orientados a generar trabajos genuinos para nuestras compañeras. La declaración que se votó en el recinto pone de relieve que la mera existencia de una ley, en este caso la 1892 de inserción laboral para mujeres mayores de 18 años, no garantiza el acceso de quienes atraviesan situaciones de violencia, y no es un recurso disponible ni conocido por las compañeras en los barrios.

Es importante destacar que la desocupación es uno de los indicadores de vulnerabilidad para las mujeres. “Las mujeres sin trabajo ni ingresos propios no tienen autonomía y les cuesta más no quedar atrapadas en relaciones violentas”, manifestó Jorgelina Sosa, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la CTA Capital en la Comisión de mujer, infancia, adolescencia y juventud.

Se votó una declaración que plantea la necesidad de realizar acciones de difusión de esta Ley 1892 y la generación de estrategias de accesibilidad que permitan que dicha ley sea reconocida e incorporada como un recurso por parte de los equipos profesionales que se desempeñan en la atención de mujeres víctimas de violencia, permitiendo que se incremente el número de beneficiarias.