A partir del 2003 comienza un nuevo período que comparativamente a la situación generada por la crisis, fue un avance significativo para la clase trabajadora. La creación de puestos de trabajo, la instalación de las paritarias por actividad, la creación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, junto a la renacionalización del sistema previsional, y la “asignación por hijo”, fueron los motores que impulsaron el conflicto virtuoso en los lugares de trabajo. El conflicto territorial se desplazó y fue preeminente la lucha por el salario y las condiciones de trabajo.

Aunque no hubo reformas legislativas importantes, gran parte de la legislación “flexibilizadora” continúa vigente, no obstante, la derogación de la ley “Banelco” y las modificaciones a la legislación de negociación colectiva permitieron la recuperación de conquistas del movimiento obrero. Esta situación se comienza a revertir en 2007 cuando los indicadores marcaron una desaceleración en la creación de puestos de trabajo y un estancamiento en el leve crecimiento del salario real.

A partir de allí se inicia una etapa de retroceso que gradualmente se instala en las relaciones de trabajo: la implementación de sistemas de control e injerencia del Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva, la clientelización de los planes sociales, inclusive de la “asignación por hijo”, fueron algunos síntomas de modificaciones peyorativas. Los ajustes implementados en las asignaciones familiares, las limitaciones a los planes de trabajo, la suspensión del debate en el Consejo del Salario, y la paulatina expropiación de los salarios por intermedio del impuesto a las ganancias, con la inadecuada modificación del “mínimo no imponible”, fueron las pautas de modificación de las políticas de ingresos.

Pero la señal más clara que el gobierno estaba dispuesto a la “sintonía fina” y a efectuar ajuste sobre los trabajadores asalariados estuvo en la sanción de la ley antiterrorista que se suma al paulatino aumento de la criminalización de la protesta social. Allí no cabían dudas de que se estaba preparando un fuerte ajuste para modificar la relación de fuerzas nuevamente en favor del capital.

Si faltaba algo, fue la reforma impulsada por el Poder Ejecutivo a la Ley de Riesgo de Trabajo de acuerdo al menú que venía formulando la Unión Industrial, a consecuencia de las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad de la ley de riesgo por parte de la Corte Suprema. Hoy la clase trabajadora está siendo sometida a los ya explícitos métodos de ajuste estructural. Rebaja del salario real, a punto de que el poder adquisitivo es inferior al 2001; límites y monitoreo de la negociación colectiva; aumento de los despidos y la pérdida de puestos de trabajo; aumento del trabajo precario y continuidad de la tercerización.

Simultáneamente, el “unicato” ha crecido al punto que la centralidad de la Presidenta la ha convertido en el monopolio de la iniciativa política, obturando cualquier voluntad fuera de un círculo muy reducido. La reforma judicial se inscribe en esta necesidad de centralización en desmedro de “la tutela judicial efectiva”. Para los trabajadores, no podemos dejar de asociarla a otras pérdidas: la tutela social y la tutela sindical. No obstante la repetición de los ciclos donde la crisis del capital termina siendo pagada por los trabajadores, creemos firmemente que hemos crecido en organización y sobre todo en conciencia colectiva y esta situación no tiene regreso.

Hoy el sindicato es mucho más valorado por los trabajadores. No obstante la continuidad de obstáculos a la libertad sindical, los conflictos se exteriorizan; con nuevos o viejos métodos, la lucha por las conquistas se acentúa. La expresión de ello fue el paro del 20 de noviembre del 2012 y seguramente se hará notar el 29 de mayo próximo que será una nueva expresión del descontento de la sociedad civil y de la voluntad de la clase trabajadora por no ceder sus conquistas.