La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia y la CTA realizaron a una conferencia de prensa en la que brindaron detalles acerca de la denuncia penal que se presenta por las condiciones en que se realizaron los operativos de detención de los cinco trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación, el pasado 14 de mayo.

Estuvieron presentes por la CPM Alejandro Mosquera (Secretario Ejecutivo) y Margarita Jarque (Directora del Programa de Litigios Estratégicos), junto a Oscar de Isasi (Secretario General de ATE), Hugo Godoy (ATE Nación), Juan Cosino (APL- CTA provincia), Carlos Leavy (CTA), Marta Vedio (Secretaria de DDHH Municipal), Marcelo Ponce Nuñez (Abogado CTA), Guadalupe Godoy, y Hugo Blasco (AJB).

La denuncia

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado y la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, se denuncia la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y amenazas, producidos en perjuicio de Ciappina Miguel, Sánchez Moreno Alejandro, Ardetti Marcelo, Valdez Abalos Silvia y Uro María Inés, por parte de personal policial de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata, conforme los hechos sucedidos el 14 de mayo pasado en horas de la mañana.

Desde ATE y la CPM se manifiesta la preocupación ante los irregulares operativos policiales que culminaron con la detención de cinco militantes gremiales realizados esa mañana por agentes de civil pertenecientes a la Policía Bonaerense. Además wse destaca la condición de delegados gremiales de Silvia Valdez, Alejandro Sánchez Moreno, Miguel Ciappina y María Inés Uro y de afiliado de Marcelo Ardetti quienes participaron de reclamos salariales durante el 2012. La no identificación previa de los delegados de ATE lleva a pensar que hubo inteligencia sobre ellos, resulta importante que se pueda establecer con claridad quién la ordenó, y las diferentes responsabilidades en el asunto.

El evidente seguimiento formalizado por el personal de custodia de la Directora General de Escuelas, desde la salida de la reunión, en la sede Ministerial, hasta la intersección, donde suceden los hechos, no pueden tampoco dejar de mencionarse. Esto implica un accionar conjunto de las fuerzas policiales y la ligazón inescindible con las autoridades de la Dirección General de Escuelas.

Las irregularidades mencionadas, sin duda hacen a la consolidación de conductas previstas y sancionadas por nuestro Código Penal. Es importante destacar que no basta para legitimar el accionar policial que existiera una orden dada por autoridad competente, sino que a la vez, quienes la ejecuten, deben cumplir con todas las formalidades que hacen a los derechos de quienes deben sufrir la detención dispuesta.

La Argentina, a través de la suscripción de los tratados de Derechos Humanos, ha fijado una posición firme por su defensa. La libertad personal de las personas es uno de los bienes más preciados, que toda sociedad debe defender a ultranza; y si bien es cierto que la orden provino de autoridad competente, hay un cúmulo de irregularidades está en la ejecución de aquella disposición jurisdiccional.

Los hechos

El día martes 14 de mayo, cinco militantes gremiales fueron detenidos por la policía bonaerense cuando salían de una reunión de trabajo y trasladados a la DDI local, ubicada en 61 entre 12 y 13. Silvia Valdez, Alejandro Sánchez Moreno, Miguel Ciappina y María Inés Uro son los 4 delegados de la junta interna de ATE, a quienes se acusó de coacción agravada junto con un militante de la agrupación H55, Marcelo Ardetti. Las detenciones fueron realizadas violentamente por policías de civil en el marco de una causa que les iniciaron por el extenso conflicto con la Dirección General de Cultura y Educación del año pasado. El juez a cargo es César Melazo.

En el momento de la detención los representantes de ATE salían de una reunión con un funcionario de esa cartera educativa, en la que estaban gestionando subsidios para los damnificados por la inundación del 2 de abril; en el caso de Ardetti los agentes policiales lo fueron a buscar a su lugar de trabajo en la Torre I, en 12 y 51.

Fuente: ATE PBA