“La CTA exige la inmediata solución de este problema que demuestra, una vez más, que el ajuste se descarga sobre los sectores más vulnerables de la población.

“La consecuencia inmediata de esta medida es que deja a miles de beneficiarios sin tratamientos médicos, de rehabilitación, internación, medicamentos y sin las coberturas concernientes a educación, capacitación, deportes y transporte, violentando su dignidad y en muchos casos poniendo en riesgo su vida.

“El Interventor del PAMI, designado por la Presidenta de la Nación, fundamenta su decisión en la falta de pago de estas prestaciones por parte del Ministerio de Salud de la Nación cuyo ministro también fue designado por la Presidenta.

“La falta de pago por parte del Ministerio de Salud constituye un hecho grave en sí mismo que se inscribe en el ajuste que azota a todo el sistema de salud de la Nación. Sin embargo, no dispensa en lo más mínimo de la responsabilidad al PAMI que, al denunciar el Convenio, genera una brutal vulneración a los derechos de las personas con discapacidad”, finaliza el pronunciamiento firmado por Pablo Micheli y Carlos Ferreres, Secretario General y de Discapadidad de la CTA respectivamente.