Con las firmas del secretario general, Oscar de Isasi y de Marcelo Ponce Núñez, en su carácter de apoderado, ATE Provincia elevó un reclamo al gobernador Daniel Scioli, para el pago de la totalidad de las diferencias de las asignaciones familiares, que les correspondía percibir a cada uno de los trabajadores ellos, entre el mes de octubre del año 2009 hasta el mes de marzo del año 2010.

La presentación tiene relación con una vieja decisión de Scioli, cuando dispuso la equiparación de los montos que se venían abonando en nuestra jurisdicción con los que había dispuesto se abonaran en todo el territorio nacional.

Según recordó de Isasi “aquella resolución nacional establecía la fijación de nuevos montos para las asignaciones familiares, a partir de octubre de 2009, y debía ser de inmediata aplicación en el territorio de nuestra provincia, cosa que no sucedió así, ya que el ejecutivo provincial decidido que se abonen los nuevos valores, pero a partir del mes de marzo del 2010, por lo que se cercenó el derecho de percepción desde el mes de octubre 2009 hasta febrero inclusive del 2010”.

Cabe recordar que las asignaciones familiares no se encuentran sujetas a aportes ni a descuentos jubilatorios, no se tienen en cuenta para la liquidación del Sueldo Anual Complementario, ni para el pago de las indemnizaciones por despido o accidente. Tampoco se abonan en relación proporcional al tiempo trabajado. Y son inembargables. Así se convierten en una expresión concreta de como una sociedad se valora a sí misma y a su futuro, pues enaltece a la familia y a los hijos.

La institución de las asignaciones familiares ha desbordado completamente el cuadro del contrato de trabajo, donde ellas primitivamente eran un accesorio. Han pasado a ser una medida de orden social general, inspiradas en una idea de solidaridad en provecho de toda persona.

En el año 2008, estando a cargo de la gobernación, la misma persona que en la actualidad, se dicta el decreto 2796 que en sus considerandos aseguraba que “el mencionado régimen resulta esencialmente acorde con el establecido en el orden nacional. Que atento la sanción del decreto nacional nº 1591/08, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, resulta necesario readecuar la cuantía de las prestaciones que se otorgan en el orden provincial”.-

En el articulado se advierte que se dispone que aquellos montos que se fijan, readecuándose con nación, son con carácter retroactivo

Añadió de Isasi que “otro antecedente de interés es el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que hizo lugar a la demanda promovida por la Asociación Judicial Bonaerense por la equiparación del salario familiar con el de la Nación durante el período 1992/2004. De esa manera el Estado provincial le debe pagar a los trabajadores involucrados la diferencia entre los importes abonados en concepto de asignación por hijo y cónyuge y los establecidos por el Estado nacional entre agosto de 1992 y diciembre de 2004”.

Sobre el particular, de Isasi añadió que “ese fallo constituye un precedente de singular trascendencia para nuestro gremio por cuanto los fundamentos dados en su redacción son los aportados, en distintas presentaciones, por ATE, junto a la AJB y a otros sindicatos de la CTA desde 1992”.

De Isasi también consideró que “hay que destacar que tratándose de un fallo del más alto tribunal de nuestra provincia marca un camino a las instancias inferiores, tribunales y juzgados, en el sentido de que lo justo es reconocer los reclamos de los trabajadores por las diferencias de las asignaciones familiares que percibieron entre los años 1992 y 2004. Es decir que pone en inmejorable condiciones el presente reclamo”.

Por otra parte, existen principios constitucionales por los que no puede legislarse en menos de los derechos ya adquiridos por los trabajadores. Ellos desde la ley 10.430 poseían el derecho de tener asignaciones familiares, como mínimo, iguales a las que fija la nación. Por ende, cualquier legislación posterior debe ser en pro de mejorar aquel nivel establecido de asignaciones familiares.

El dirigente de ATE explicó que en la realidad “ello no es así, ya que el gobernador si bien es cierto que mantiene aquel nivel remuneratorio, escapa a la norma al no respetar los tiempos de vigencia de aquellos derechos. En concreto, se absorbe, sin saber a ciencia ciertas porque, cinco meses de beneficios de los trabajadores.

En el escrito presentado por el gremio, que es un paso mas en una serie de presentaciones judiciales y administrativas, se destaca que “al administrador estatal le incumbe la buena administración en orden a los objetivos de la Nación, y no puede considerar los recursos según las necesidades coyunturales del Tesoro. Por lo tanto, la situación nos permiten formalizar el presente reclamo, peticionando al señor Gobernador disponga el pago de las diferencias de asignaciones familiares en los plazos mentados supra, con más los intereses pertinentes”.