El 14 de mayo: Campaña Nacional por el millón de firmas por un Sistema Previsional de reparto, público y solidario. Por una Nueva Ley Nacional de Previsión Social. Las organizaciones de la CTA y del conjunto del campo popular comenzarán la recolección de firmas a lo largo y ancho del país el miércoles 14 de mayo.

Es necesario reformar el sistema previsional actual para adaptarlo a los principios y derechos constitucionales, extendiendo el derecho a la cobertura previsional a todas las personas y a todas las necesidades que afronta una persona a lo largo de la vida.

“En nuestro país, antes de la sanción de la Ley 24.241 del año 1994, durante el menemismo, existían a nivel nacional leyes que garantizaban al trabajador prestaciones previsionales que oscilaban entre un 70 a un 82 % del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 3 años más favorables, de los últimos 10 años anteriores al año de cesación en los servicios. A su vez los haberes eran móviles en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones.

“Simultáneamente los trabajadores del Estado Nacional, Provinciales y Municipales tenían regímenes previsionales que les garantizaban un haber de hasta el 82 % móvil del sueldo, conforme el cargo desempeñado en actividad.

“En Argentina y en América Latina, asistimos, en la década de los noventa, a una reducción de la cobertura de la seguridad social, ya que millones de personas quedaron desempleadas, y empezó a proliferar el trabajo precario o en negro.

“Los regímenes de capitalización (las tristementes famosas AFJP) reemplazaron total o parcialmente los sistemas de reparto.

“La reforma de los sistemas de protección social destruyó los distintos regímenes de seguridad social, no sólo los nacionales, sino también, las cajas provinciales que fueron transferidas a la ANSES, transformando la mayoría de los derechos sociales en mínimos asistenciales.

“No se limitó la reforma sólo a las jubilaciones y pensiones, abarcó también las demás prestaciones de la seguridad social, en materia de salud, empleo, asignaciones familiares, accidentes de trabajo y enfermedades.

“En todos los casos el principio rector fue la privatización de la seguridad social. Formaba parte de la estrategia aprobada por el Consenso de Washington, impulsada por el Banco Mundial, de entregar al mercado las prestaciones que el Estado debía brindar”.