La mayor parte de los acuerdos salariales actualmente vigentes vence entre el 31 de marzo y el 31 de mayo. Sin embargo, entre los meses de enero y febrero se han producido adelantos de lo que promete ser una ronda de negociación salarial más complicada que en los años anteriores.

Estos adelantos refieren a tres actividades muy relevantes en cuanto a cantidad de trabajadores e importancia estratégica del sector: la industria aceitera, la actividad bancaria y los trabajadores de la educación.

Trabajadores bancarios: acuerdo puente y obstáculos para su homologación

El acuerdo salarial de los trabajadores bancarios venció el pasado 31 de diciembre. Por entonces, y luego de una medida de fuerza, se arribó a un acuerdo puente por un plazo de tres meses (hasta el 31 de marzo). Este acuerdo consistía en el pago de una suma mensual de $ 1.444, equivalente al 20% del salario mínimo garantizado vigente en la actividad ($ 7.220), más una suma por única vez de $ 770. Prorrateada esta suma en los tres meses de vigencia del acuerdo, el aumento efectivo sobre el salario mínimo de la actividad se incrementaba hasta el 23,5%.

La operatoria llevada adelante por la Asociación Bancaria y las cámaras patronales del sector fue la misma que vinieron desarrollando en los años anteriores (firma de un acuerdo trimestral entre enero y marzo, y luego la negociación definitiva de las escalas salariales, a las que habitualmente se aplicaba el porcentaje firmado en dicho acuerdo). Sin embargo, en este caso el Ministerio de Trabajo salió a cuestionar públicamente el acuerdo, y afirmó que solo homologaría acuerdos por períodos no inferiores a un año. Ello a pesar de que los años anteriores no puso reparos en homologar negociaciones similares de los propios bancarios, y también de la industria automotriz, donde el SMATA y las terminales tienen la práctica de negociar acuerdos salariales trimestrales.

En la actualidad, los bancos estarían cumpliendo con el acuerdo salarial, y en el transcurso del mes de marzo se desarrollarán nuevas reuniones entre la Asociación Bancaria y las cámaras patronales para establecer las escalas salariales definitivas. Cabe destacar la importancia de este hecho. A pesar de no haber recibido la homologación por parte del Ministerio de Trabajo, quien se manifestó abiertamente en contra del acuerdo salarial, muchas patronales debieron aceptar sus pautas, principalmente para evitar el conflicto con los trabajadores y la organización sindical, que ya demostraron, a fines de diciembre, su capacidad de movilización.

Trabajadores aceiteros: la perforación del techo del 20%

La primera negociación salarial cerrada este año correspondió a los trabajadores de la industria aceitera, quienes tenían vencido su acuerdo salarial desde el 31 de diciembre. En los primeros días del año, ante la declaración del conflicto por parte de la Federación Aceitera, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, que se prolongó hasta los primeros días de febrero. Vencidos los plazos de dicha conciliación, la organización sindical promovió una huelga por tiempo indeterminado, y 48 horas más tarde se arribó a un acuerdo salarial.

Según difundió el Ministerio de Trabajo, y replicaron medios como Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y Página 12, el incremento salarial fue del 20%, más una suma fija por única vez de $ 5.520. De acuerdo a dicha información, el salario mínimo para la actividad se habría establecido en la suma de $ 7.440 mensuales.

Sin embargo, el comunicado de prensa difundido por la Federación Aceitera en su página web informó los nuevos montos salariales de las categorías de convenio, que implican un incremento de entre el 22% y el 25% dependiendo de cada categoría, y una suma fija de $ 5.850. De acuerdo a este comunicado, el salario mínimo para la actividad quedó fijado en la suma de $ 7.564.

La razón de esta discrepancia se encontraría en la instrumentalización del acuerdo, ya que se habría firmado un acta por el 20%, difundida públicamente por el Ministerio de Trabajo, y un anexo donde se habrían incluido adicionales por categoría, que aumentan los básicos tal como informó la Federación Aceitera.

Si bien el Ministerio de Trabajo intentó instalar que la primera paritaria del año había cerrado en un 20%, lo cierto es que el porcentaje de aumento habría sido muy superior (entre un 22% y un 25% según cada categoría), tal como surge de las actas publicadas por “El Cronista”. Trabajadores de la educación

En estos días se está desarrollando la paritaria nacional docente, cuyo fin es establecer el salario mínimo para el cargo testigo (maestro inicial sin antigüedad).

El año pasado esta paritaria culminó sin éxito, y el Gobierno Nacional impuso un salario inicial de $ 2.800. A partir de este salario, este año los sindicatos docentes reclamaron un incremento del 30,4% para llevar el mínimo a $ 3.650 para el caso testigo.

Si bien el ofrecimiento inicial del Ministerio de Educación habría sido un 17% de aumento, lo cierto es que debería esperarse un incremento sustancial de dicho ofrecimiento.

Paritarias, asignaciones familiares e impuesto a las ganancias

A comienzos del año el Gobierno Nacional intentó instalar una ronda de negociación salarial donde ninguna negociación salarial superara el 20% de aumento. De esta manera, se buscaba contener los incrementos salariales y a través de esa manera forzar una disminución de los aumentos de precios generales. En dicha línea se enmarca el anuncio del incremento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias en un 20%.

Sin embargo, desde sectores cercanos al Gobierno Nacional comenzó a circular la versión de que serían aceptados incrementos cercanos al 25% en los salarios mínimos de aquellos convenios que se encuentran más rezagados (metalúrgicos, construcción, cuero, textiles, etc), sin superar un aumento del 20% en las categorías superiores. De esta manera, buscaría promediar un aumento salarial no superior al 22%.

Esta perforación del techo del 20%, ya plasmada en la negociación de los trabajadores de la industria aceitera, tampoco puede entenderse al margen de la actual negociación de los trabajadores de la educación, donde difícilmente pueda arribarse a un acuerdo sobre dicha pauta. En otras palabras, la perspectiva de una negativa generaliza de las organizaciones sindicales a aceptar dicho incremento salarial sin recurrir a la herramienta de la huelga, habría hecho fracasar la intención oficial inicial.

Sin embargo, es necesario señalar que en las actuales condiciones, aún incrementos salariales superiores al 25% pueden implicar un retroceso del ingreso de bolsillo de los trabajadores en términos reales con relación al año anterior.

En los salarios medios – altos y altos dicho retroceso se da por el retraso de la actualización del mínimo no imponible y las escalas del impuesto a las ganancias. Más grave aún es la situación en los salarios medios – bajos y bajos, en este caso por el impacto del sistema de asignaciones familiares, ya que todavía no existen indicios sobre un posible aumento del monto de la asignación por hijo y los topes para percibirla integralmente.

Por otra parte, centrar la discusión en los porcentajes de incremento salarial puede esconder la situación de los trabajadores de salarios más bajos. En efecto, un aumento del 22% en salarios de $ 6.200 mensuales, como el caso de los trabajadores de la industria aceitera, implica un aumento de $ 1.364 por mes. Por el contrario, un aumento del 22% en salarios de $ 2.800 mensuales, como el caso de los trabajadores de la educación, tan solo implica un incremento de $ 616 por mes.

En este contexto, resulta imprescindible no solo promover incrementos salariales para la totalidad de las categorías de convenio que permitan incrementar el salario real de los trabajadores, sino principalmente fortalecer los ingresos de los trabajadores que se encuentran en la base de la pirámide salarial (recordemos que el 50% de los trabajadores registrados del sector privado perciben un ingreso inferior a los $ 5.350 mensuales). Para ello, nuevamente debe tenerse en cuenta el valor de la canasta básica, que sigue sin ser calculado por el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y que según la Junta Interna de ATE – INDEC ascendía al pasado mes de diciembre a la suma de $ 6.997 para una familia tipo.