Lo hizo para exigir precisiones sobre la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) respecto de los pueblos originarios, cuyo derecho a la comunicación resguarda esa normativa. Cansada de esperar, dice que irá a verlo a su presidente, Martín Sabbatella, acompañada de dirigentes, testigos y un escribano.

-¿Cuáles son tus dudas?

 Muchas. La primera de ellas es como se está garantizando que los pueblos originarios estén informados de este derecho y por otro lado, como se resguarda el cumplimiento del mismo. Hablamos de comunidades urbanas pero también otras donde –en su mayoría- no hay agua potable, luz, servicios de salud y lo que es peor, son atacados permanentemente para ser desalojados de sus tierras por los grandes productores sojeros.

– ¿Entonces?

 Necesitamos saber la identidad del representante de los pueblos originarios en la AFSCA, ¿cómo y quienes la votaron? Es nuestro derecho conocer que reglamentaron respecto al artículo 151. Otra duda que tengo y quiero expresarle personalmente a Sabbatella es si yo, como diputada, no puedo acceder a la información, cómo piensan que hacen los pueblos originarios para obtenerla.

– ¿Más interrogantes?

 Otro interrogante tiene que ver con la pauta oficial, ¿cómo van a distribuirla? ¿Se ayudará económicamente a la constitución de esos medios, que sin auxilio estatal es difícil que puedan mantenerse?.

-No obstante lo que decís, días atrás la publicidad oficial dio gran difusión a la creación del primer canal mapuche.

 Me daría mucha tristeza que esta ley que consideramos valiosa fuera utilizada para darle medios sólo a agrupaciones afines al Gobierno. No sólo se trata de tener el medio, sino de poder ser dueño de los contenidos. Seguramente, un canal de los pueblos originarios no podrá soslayar la miseria en la que viven nuestras naciones, su problemática, el genocidio que aún continúa, matándote claramente como a los qom o en forma encubierta a través del hambre, la falta de atención médica.

-La ley suele ser como la democracia, a veces se queda en el papel hasta que la gente sale a la calle a buscarla.

 Sí, esa es parte de mi idea. Si pido la información es porque quiero salir a proponer entre los pueblos originarios que se exija el cumplimiento de la norma. Para defender tus derechos, primero hay que conocerlos, desde la AFSCA no se deberían hacer los distraídos.

– ¿Cuál es la situación jurídica de los pueblos originarios?

 La situación de nuestras comunidades todavía no está constituida jurídicamente. Eso no quita que no tengamos total derecho a la información. Como legisladora provincial es mi obligación y responsabilidad brindar respuestas a la ciudadanía que represento, sea indígena o no. Por lo tanto he decido presentarme en la AFSCA, acompañada de dirigentes y testigos, y dejar constancia de los hechos en un acta notarial.

-¿Qué hace el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sabe siquiera donde están los pueblos?

 Ni eso. Hace años, por ley se ordenó hacer un relevamiento de las comunidades, fundamental para resolver el problema central, que es el de la tierra. Todos los años hay un presupuesto de millones de pesos destinado a ese censo, pero nunca se termina.

– O sea, todo mal.

 Es como con la Ley de Medios, no estamos en desacuerdo. Al contrario la respaldamos pero ojo, pedimos que se cumpla. No sólo en las partes que le conviene a algunos.