El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó hace instantes la conciliación obligatoria en el conflicto del SENASA, intimando al sindicato estatal ATE y a los trabajadores del organismo a dejar sin efecto la medida de fuerza prevista para los días 29 y 30 de noviembre, y 1 de diciembre, ordenando también al Estado empleador a que concurra a la audiencia de las partes que oportunamente se comunique bajo apercibimiento de ser sancionado.

“La verdad es que no tiene mucho sentido esta convocatoria con las autoridades de un gobierno que está terminando y hasta aquí no nos ha dado ninguna respuesta a nuestras demandas. Esta conciliación ataca las consecuencias y no las causas de la medida de fuerza. Está hecha a medida de los empresarios y el Gobierno, no de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo interviene para impedir los efectos del paro y no para exigir respuestas a la gestión”, apuntó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

Mediante la Disposición 504/23 de la Cartera Laboral, se llamó a una conciliación por 7 días para dejar sin efecto el paro de 72 horas frente al inminente recorte sobre el organismo estatal en manos del Gobierno entrante.

“NO VAMOS A DEJAR SIN EFECTO LA MEDIDA”

La Asociación Trabajadores del Estado decidió acatar la conciliación obligatoria emitida por el Ministerio de Trabajo e impone condiciones para que se lleve a cabo: que se resuelva antes del cambio de Gobierno y que participen el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura para resolver la situación de los trabajadores contratados de manera irregular. De lo contrario, el sindicato retomará la medida de fuerza inmediatamente.

“Hemos decidido acatar la conciliación obligatoria pero no vamos a dejar sin efecto la medida. Sólo la posponemos para retomarla de manera inmediata si fracasan las negociaciones. Además, hemos decidido que se convoque al Ministerio de Economía, que son los únicos que tienen la capacidad de brindar las respuestas que los trabajadores esperan”, indicó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

De cara a la conciliación, el dirigente espera que “exista una voluntad política orientada a responder las justas demandas que tienen los trabajadores” y detalló: “Si no se resuelve la situación de los casi 600 trabajadores contratados de manera irregular, la conciliación más que enfriar el conflicto va a escalar”.