OPINION

Por Hugo “Cachorro” Godoy*

“Es una vergüenza y estamos todos muy dolidos” dijo Cristian Colman, secretario general de la seccional Río Tercero de la Asociación Trabajadores del Estado. “Bronca y una gran impotencia ante tanta impunidad es lo que siento”, definió Oscar Gigena de la Comisión de Damnificados por la explosión que, en noviembre de 1995, hizo estallar en el centro de la ciudad de Río Tercero la fabrica militar desde donde habían partido las armas para la venta ilegal a Croacia y Ecuador que realizó el gobierno de Carlos Menem.

Es el sentimiento de gran parte de la población de esta localidad cordobesa, donde se produjo uno de los actos mas infames, porque para ocultar la venta de armas ilegal a estos países se produjo la muerte de 7 personas, más de 300 heridos y la destrucción de toda una zona importante del centro de esa ciudad. Motivado por el dictamen del juzgado en lo económico que absuelve a los 18 acusados por, en un principio asociación ilícita, no cumplimiento de los deberes de funcionario publico y contrabando, que después de casi 16 años, fuera el único motivo que quedara de encausamiento.

¿Qué es lo que está detrás de esta absolución al innombrable y los funcionarios de esa asociación ilícita, que produjo uno de los escándalos mas grandes y una de las brutalidades mayores en estos años de democracia? ¿Implica solamente un cambio de favores, o implica una cuestión que trasciende y demuestra la vigencia de un sistema estructural de relaciones entre algunas representaciones partidarias y gubernamentales, la justicia penal y el esquema de negocios de nuestro país?

Quizás un indicio importante para dilucidar esta pregunta nos lo haya aportado Juan Gasparini, un argentino que vive en Suiza desde los años de la dictadura militar, en que se tuvo que ir fugando de nuestro país, periodista e investigador, que en el año 2009 edito su libro “El pacto Menem – Kirchner: Suiza y los secretos del dinero negro de la política y los negocios”. Allí se relata, con este titulo, una parte importante de las confesiones de Lionel Queudot, el intermediario en Ginebra que pagó los sobornos de la mega coima de 25 millones de dólares cobrada por el clan Menem a través de la banca Suiza cuando se privatizo el espacio radioeléctrico nacional en 1997, entregado el grupo francés Thales.

El testimonio de Queudot fue notificado oportunamente a los tribunales argentinos, pero todavía duerme el sueño de los justos en los escritorios de la Justicia Federal, cuyo Fuero Penal no corrió la misma suerte de cambios profundos que sí se produjeron en la Corte Suprema de la Nación, posibilitando un recambio importante. Parece ser que el Fuero Penal cumple otra función, para seguir sosteniendo el funcionamiento de una política basada en el negocio de las multinacionales, las coimas a los funcionarios y el encubrimiento de este sistema de dinero negro generado a lo largo de los años de Menem, que quedó definitivamente en las tinieblas producto de un acuerdo entre el riojano y quien era en ese momento el presidente de nuestro país. O sea, el representante del Estado Nacional, que debería haber continuado los juicios que Argentina dejó de realizar ante la Confederación Helvética.

Estos hechos del año 2004 son los que explicarían este último eslabón de esta cadena de impunidad. La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿Cuáles son las implicancias de este pacto de impunidad? Porque ya prácticamente sin condena a los responsables del escándalo de la venta ilegal de armas y de esa asociación ilícita, va a quedar también impune el asesinato, producto de la explosión en Río Tercero, de 7 personas, 300 heridos y destrozos en la ciudad, a quienes sus victimas ya no tendrán a quien reclamarle indemnización por semejante desastre. Y mucho menos justicia.

Estamos en un tiempo en que empiezan a verse con claridad cosas que ya en 2004 se vislumbraban, y tan bien relata Gasparini, en este acto de impunidad que es también un acto de ratificación de gobernabilidad de los poderosos.

¿Cuáles son las cosas que los argentinos deberemos llevar adelante para posibilitar que la democracia, este sistema que nos costó tanto recuperar, pueda convertirse realmente en un instrumento de verdad y justicia? Que dé respuesta a las necesidades del conjunto de la población y no, como parece ser que es, por este dictamen judicial, un instrumento del encubrimiento del negocio de unos pocos, a costa del sufrimiento y del dolor de muchos.

*Secretario general de la Agrup. Germán Abdala y ATE provincia de Buenos Aires – Secretario General Adjunto electo de ATE nacional.