Trabajadores del Patronato de Liberados organizados en ATE, durante los años del gobierno anterior resistimos el achicamiento del organismo y lo denunciamos públicamente.

Hoy vemos que en la gestión actual el panorama es aún peor, dada la continuidad y profundización de las medidas, con una orientación a la municipalización y tercerización de las funciones que son propias de PLB.

Dichas medidas se están impulsando sin crear el ámbito para discutirlo con lxs trabajadorxs a través de nuestra organización gremial.

Trabajadores del Patronato de Liberados Bonaerense de ATE exigimos:

• Compromiso con los Derechos Humanos.
• No queremos que las personas supervisadas queden fuera del Programa POTENCIAR.  Exigimos a las autoridades cupos  y proyectos laborales con derechos.
• Pago de los programas de asistencia propios del Patronato y de los Peculios adeudados hace más de dos años.
• No somos controladores sociales, somos trabajadores sociales que requerimos recursos propios del Patronato para trabajar por la inclusión.
•  El Estado debe apoyar y trabajar en conjunto con las organizaciones sociales, no delegarle sus obligaciones. 

¡No a la terciarización de las Políticas de Inclusión!

• La especificidad del abordaje en el conflicto con la ley penal corresponde al Patronato de Liberados.

¡No a la Municipalización de sus funciones!

• No a los listados de detenidxs a los municipios. Protección del derecho a la intimidad de las personas y asistencia en tanto ciudadanos, no por su condición penal.

AUMENTO SALARIAL y bonificación

• ¡Lxs trabajadorxs exigimos aumento de salario ya !

• El pago de la Bonificación del Ministerio de Justicia.

• Teletrabajo solo en contexto de COVID 19.  Las mujeres y disidencias nos negamos a que nos excluyan del espacio público y de nuestra organización en nuestros espacios laborales.  Exigimos insumos para cubrir el Teletrabajo.

• Rechazamos las medidas tomadas por el gobierno provincial de manera unilateral: NO a la armonización del IPS, NO a financiar la medicina privada con fondos del  IOMA, NO al pago del aguinaldo en cuotas.

Basta de precarización laboral. Basta de vaciamiento del Patronato. Basta de achicamiento del Estado Provincial!!!

LAURA IGLESIAS PRESENTE

Proyecto de reforma del PLB: Municipalización.

Pérdida de especificidad y función social del Patronato. Reducción a la mera cuestión del control punitivo.

Ante el anuncio del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak, sobre el proyecto de reforma de PLB, vemos con preocupación y rechazamos la orientación a la municipalización de las funciones que son propias del organismo, que interviene en el ámbito de la Ejecución de la pena y la posibilidad de la pérdida de la especificidad y función social.

Las políticas de Ejecución Penal le competen al estado provincial, y no a los estados municipales. La reforma quitaría estas funciones EXCLUSIVAS del poder ejecutivo en el marco del estado provincial, dejándola a merced de las políticas municipales.

También denunciamos públicamente la propuesta oficial de realizar “listas de detenidxs”, con el supuesto objetivo de que los gobiernos locales “brinden ayuda”.

Esto vulnera el derecho a la intimidad de las personas, exponiéndolas a situaciones estigmatizantes en su lugar de residencia y quedando sujetas a la política más o menos criminalizadora de cada municipio.

La asistencia de los municipios a las personas debe asegurarse en tanto ciudadanos, no por su condición penal. La especificidad del abordaje en el conflicto con la ley penal corresponde a Patronato.

Programa Nacional “Potenciar Trabajo” como único recurso.

Vaciamiento de recursos propios para la intervención social. Tercerización de las políticas públicas. Precarización del trabajo.

Actualmente vemos con gran preocupación el hecho de que lanzado y puesto en marcha el programa nacional de inclusión socio-productiva y desarrollo local “Potenciar Trabajo” (30/4/2020), y siendo que lxs liberadxs son destinatarios específicos de este programa, aún no hemos tenido acceso a información sobre el mismo por vía institucional, salvo contadas excepciones.

Los movimientos sociales nos solicitan la confección de los informes sociales para incluir a la población supervisada por PLB y ante ello, en lugar de responder con cupos propios para nuestra población, el PLB continúa tercerizando sus funciones.

Una vez más quedamos fuera de este proceso.

Nos niegan la participación en un programa que consideramos pertinente y específico de nuestra intervención activa, cumpliendo, otra vez, con la pesada estigmatización de que el Patronato llega de forma tardía.

Centralidad del abordaje pospenitenciario y abandono de la población no pospenitenciaria.

Por otra parte, se están estudiando propuestas en cuanto al control y tratamiento de las personas que no pasaron por contexto de encierro (condenas en suspenso y suspensión de juicio), desoyendo a lxs trabajadorxs.

Aunque actualmente, el control de las reglas de conducta, limitado a las meras presentaciones mensuales, se encuentra derivado a las oficinas de la Procuración (por un Convenio firmado por PLB y aplicado en la mayoría de las delegaciones), sigue de todas maneras siendo responsabilidad de PLB el seguimiento e información a los juzgados, así como la asistencia y tratamiento.

Cabe mencionar que esta población (aproximadamente el 70% del total) fue excluida de la posibilidad de los programas, por la escasez de recursos propios y de cupos de programas nacionales o provinciales.

Continuamos denunciando el abandono por parte del PLB de las tareas de asistencia y tratamiento de este sector mayoritario de nuestra población.

Compromiso con los Derechos Humanos.

Consideramos que el eje de las políticas planteadas por el Ministerio debe necesariamente ser el pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos.

La municipalización de la política  pospenitenciaria, la tercerización de la asistencia, la reducción de funciones de PLB al control, el abandono de la población no penitenciaria, la precarización de la inclusión laboral,  atentan contra el cumplimiento de los Derechos Humanos de toda la población, que el estado debe garantizar.  

Repudiamos que el eje de las políticas planteadas por el Ministro (reflejadas en el programa “Más trabajo, menos reincidencia”) sea la no reincidencia y no una perspectiva de derechos humanos.

Nosotrxs sí hablamos de derechos humanos, no estamos hablando de bajar números, estamos hablando de restituir derechos que en muchos casos nunca estuvieron.

No hablamos de pragmatismos, reafirmamos la orientación en torno a garantizar el acceso a los derechos de nuestra población, DERECHOS HUMANOS YA!

Finalmente …

Todo lo mencionado, no sólo configura un escenario de estigmatización, precarización y exclusión de las personas supervisadas, contribuyendo a menoscabar sistemáticamente sus derechos más esenciales, sino que también pone al descubierto cómo el organismo nuevamente expone y abandona a sus trabajadorxs siendo éstxs quienes mantienen permanente comunicación con la población y directa articulación con el territorio.

Estamos expuestxs a situaciones de violencia generadas por un organismo que no da respuestas ante la vulneración de derechos.

Lxs trabajadorxs somos quienes hemos sostenido este organismo con nuestro compromiso, entrega e iniciativa, aun teniendo los salarios más bajos de la provincia, como es ampliamente conocido, a pesar de que la mayoría somos trabajadorxs profesionales, incluso quedamos excluídxs del cobro de la bonificación específica con que cuentan lxs trabajadorxs del Ministerio de Justicia, aún formando parte del mismo.

Consideramos imperiosa la necesidad que Patronato de Liberados cuente con recursos propios, tanto humanos como económicos que garanticen mínimamente los objetivos establecidos en la norma que lo contempla.

Así como verdadera articulación con los programas Nacionales dirigidos a nuestra población.

Nuestro organismo requiere un proyecto laboral serio y con todos los derechos para la población, así como para lxs trabajadorxs.