Trabajadores estatales, judiciales y médicos pararon este martes 7 de mayo, realizando en horas de la mañana una movilización hacia el ministerio de economía bonaerense de la ciudad de La Plata.

Los gremios convocantes a la jornada de lucha son ATE, AJB, CICOP, APL y AEMOPBA, que reclaman:

• Reapertura de paritarias
• Aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido
• Pase a planta permanente de los precarizados
• Reincorporación y el cese de los despidos

“ATE llega a este paro por la reapertura de la 10.430, dispuestos a llevar la  pelea para tener salarios dignos hasta las últimas consecuencias y no que tengamos recién en el mes de diciembre un salarios de 19.800 pesos fruto del acuerdo del gobierno con otros sindicatos cuando la línea de pobreza está por encima de los 27.000 pesos”, afirmó el secretario general de ATE y la CTA Autónoma, Oscar de Isasi.

“Exigimos que el aumento salarial no sea menor al 23% por encima del 20% ya otorgado y que haya una cláusula gatillo que no nos haga perder más poder adquisitivo por si se dispara la inflación. Que los estatales estemos en condiciones de pobreza es una decisión de Vidal”, indicó de Isasi.

Por su parte, el secretario general de la AJB, Pablo Abramovich informó que: “Los judiciales fuimos convocados por el gobierno, pero su propuesta no resuelve el tema acuciante para nuestros salarios, cuando pedimos cláusula gatillo y la recuperación porcentual del año pasado ellos se niegan”.

Marta Marquez, titular de CICOP planteó que: “Los profesionales de la salud nucleados en CICOP estaremos de paro porque tenemos sin cerrar la paritaria de 2018 con el compromiso de convocarnos en diciembre. Calculamos una pérdida de 15 puntos y exigimos que también se tenga en cuenta la actualización automática. La crisis en salud es muy preocupante, los salarios están desjerarquizados y tenemos renuncias y falta de residentes, por lo cual hay servicios cerrados o que funcionan al 50 por ciento y por lo tanto colapsa la atención”.

Para finalizar, la titular de AEMOPBA (Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires), Adriana Pizarro, indicó que “Había en un principio presupuesto para obra pública, pero no hay inversiones ni se llevaron adelante. Se está privatizando el control de obras hidráulicas y el gobierno decidió que lo auditen empresas privadas. Uno de cada tres trabajadores son precarizados pero los obligan a trabajar full time y los aterrorizan con que la selección de personal será a dedo”.