Doce años atrás, docentes neuquinos en huelga por aumento salarial votaron en asamblea realizar un corte sobre la Ruta 22 a la altura de la localidad de Arroyito a 40 kilómetros de la ciudad de Neuquén.

Carlos Fuentealba, de 40 años, profesor de química en una barriada popular al oeste de la capital, delegado sindical, elegido en 2006 mejor profesor por sus alumnos, fue a la concentración aquel 4 de abril, pero no volvió.

Como el resto de sus compañeros, Fuentealba se retiraba voluntariamente, viajando en el asiento trasero de un Fiat 147 camino a la ciudad de Senillosa, cuando fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno disparada a dos metros de distancia. Fue intervenido en el hospital provincial, pero falleció.

Fuentealba no cayó en medio de un enfrentamiento: cuando la policía intimó el desalojo, los trabajadores se retiraron voluntariamente. La persecución entonces fue innecesaria, la saña brutal, el disparo por la espalda y la responsabilidad política indelegable. Funcionarios del gobierno direccionaban el operativo desde Arroyito.

La muerte de Carlos Fuentealba es la expresión de la represión y judicialización de la protesta social llevada a su máximo tenor.

El escenario del 2007

En aquel tiempo, a nivel nacional, las clases no comenzaban o bien iniciaban con conflictos en la mayoría de las provincias: La Rioja, Neuquén, Jujuy, Salta, Tucumán, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero entre otras.

El reclamo por aumento salarial era extendido. En provincias como Santa Cruz el básico docente era entonces de $ 161. El gobierno nacional del año 2007 había establecido a nivel nacional “un piso” de $ 1.040, cuando la canasta básica familiar rondaba los $ 2.400.