El último aumento dejó a muchos estatales bonaerenses sin asignaciones familiares. Es que, al incrementar sus ingresos, superaron el último tope y quedaron afuera de ese beneficio. Un informe realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advierte que el gobierno provincial bajó un 40% el gasto en esta materia desde marzo.
Tanto en la Provincia como en la Nación, las asignaciones por hijo son percibidas por todos los trabajadores que cobran hasta 4.800 pesos. Se pagan 220 pesos para los que ganan hasta 2.600 pesos; 166 pesos para los sueldos de hasta 3.600 y 111 pesos para los de hasta 4.800 pesos.
¿Cómo se calcula? En base al salario total, sin los descuentos previsionales y sociales. Esto hace que, por ejemplo, un auxiliar docente que cobra 2500 pesos de bolsillo, sólo reciba 166 pesos en concepto de asignación. Hasta febrero, sin embargo, cobraba 220 pesos por hijo. Ocurre que al momento de aplicar el tope se toma el salario sin descuentos que es de 2900 pesos.
En el caso de los administrativos, la mayoría pasó a cobrar 111 pesos tras el incremento del 26% otorgado en marzo. Hoy, un empleado categoría 5 (ingresante) del régimen de 30 horas, con 5 años de antigüedad, cobra alrededor de 2900 pesos de bolsillo. Pero como el cálculo se hace en base a 3700 pesos, que es la remuneración previa a los descuentos de IOMA e IPS, le corresponde el valor más bajo.
“Por un lado, los trabajadores logran aumentos salariales, mientras por otro dejan de cobrar asignaciones familiares. Y el gobierno se ahorra dinero que le corresponde por derecho a los trabajadores”, señaló Griselda Cavaliere del Instituto de Estudios y Participación (IDEP), de ATE Provincia. Y detalló que “en 2009, la partida de asignaciones familiares fue de 180 millones, en 2010 de 175 millones y, en 2011, con el último aumento, la masa salarial por la misma cantidad de trabajadores se redujo en un 40% promedio de un mes a otro”.
Actualmente, el sistema de asignaciones en la Provincia se rige por decreto. Cada año, cuando Nación sube los valores, el gobierno bonaerense los equipara. Para cambiar esta situación, ATE presentó el mes pasado en el Senado un proyecto de ley de asignaciones familiares para estatales provinciales y municipales. “Hoy, al no existir una Ley, el gobernador tiene la potestad de decidir cuánto y cuándo paga por asignaciones por decreto. Debido a esto, Scioli adeuda a los trabajadores el pago de equiparación de asignaciones familiares entre octubre de 2009 y marzo de 2010”, acotó la dirigente.El proyecto propone eliminar los topes remunerativos para cobrar las asignaciones y lo amplía a los empleados de los municipios. También crea otras asignaciones: por familia numerosa (al menos tres hijos a cargo), por preescolaridad y escolaridad primaria, media y superior, asignación anual complementaria de vacaciones, entre otras.
docentes. El recorte también se repite con los maestros. Un informe elaborado por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) revela que, desde marzo de 2011, sólo el 13,62% de los trabajadores de la educación de la provincia reciben el adicional por hijo. Esto quiere decir que apenas 33.861 maestros y profesores están cobrando asignaciones familiares sobre los 248.671 que hoy están a cargo de la educación de los chicos en el sistema público en Buenos Aires.
“Esta situación determina que actualmente haya hijos de docentes de primera y niños postergados porque el gobierno de la provincia no actualiza los montos a partir de los cuales los trabajadores dejan de percibir ese beneficio”, explicó Mirta Petrocini, presidente de la FEB.
La entidad gremial ha planteado en reiteradas oportunidades al gobierno provincial la necesidad de modificar esta situación injusta. “Cada vez que en las paritarias se obtienen mejoras salariales, más docentes quedan sin la percepción de las asignaciones familiares que constituyen un importante beneficio social”, acotó Petrocini.
De acuerdo con el estudio realizado por la FEB, en abril de 2009 eran 57.190 los maestros y profesores que lo percibían (representaba el 24% del total). En marzo de 2010, después del aumento otorgado entonces por el Gobierno lo percibían 50.794 educadores (21,075 del total) y en noviembre de 2010 eran 33.861 los que recibían alguno de esos beneficios (17,81%).
“Mientras las autoridades nacionales impulsan el criterio de universalización de ese beneficio, en la Provincia, cada vez son menos los que lo cobran. Si las autoridades bonaerenses no revisan este criterio, en algún momento, los docentes quedarán directamente excluidos del beneficio. Por eso exigimos al gobierno que elimine los topes en este régimen para evitar estas distorsiones”.
“La FEB considera que las asignaciones deben ser universales y percibidos sin ningún tipo de diferencias en los ingresos, categorías ni actividades. Lo contrario es discriminatorio”, concluyó Mirta Petrocini.