Fabiana Tuñez, ex presidente de la ONG La casa del Encuentro y hoy al frente del CNM comentó las principales líneas de acción previstas para su primer año de gestión que tendrá que ver con mejorar y ampliar la implementación de la Ley 26.485 de Prevención, Sanción y Erradicación de Violencia de Genero, mediante la apertura de 24 hogares refugio en todo el país, la línea 144 (línea telefónica que informa, asesora y contiene en situaciones de violencia de género) y un Plan Nacional que involucra programas de capacitación, salud, educación y justicia entre otros. Este Plan, según las propias palabras de la presidente del CNM, necesitará de la colaboración de cada provincia para garantizar el presupuesto de funcionamiento.

Fabiana Tuñez recordó que según las estadísticas hoy hay un femicidio cada 30 horas y respecto de este punto aseguró que están trabajando conjuntamente con la Corte Suprema pero que recién tendrán estadísticas oficiales para 2017. Los números son alarmantes y por eso Tuñez insiste en la obligación de “trabajar en equipo”, por esto exige la colaboración de las provincias y propone reuniones con organizaciones sociales y sindicales.

Desde la CTA A, por su parte plantearon las líneas de trabajo de la Secretaría respecto de la necesidad de la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo para mejorar el sistema de licencias especiales (Mayores licencias parentales, licencia por cuidado de familiar enfermo, licencia para asistir a actos y reuniones escolares, etc.) y particularmente referente a la Licencia por violencia de género presentada el año pasado.

Asimismo se planteó la importancia de que los programas de capacitación lleguen a nuestros lugares de trabajo (hospitales, dependencias del Estado nacional, provinciales y municipales, universidades, etc) a través de nuestras organizaciones y sindicatos, aprovechando la expansión territorial de nuestra CTA-A en todo el país.

Finalmente, quedó el compromiso de sostener una mesa de diálogo entre la CNM y la CTA-A cada mes o mes y medio para construir una “agenda en común” y la posibilidad que el organismo ayude en la formación de las compañeras para responder a demandas particulares de violencia de género.