Después del contundente Paro Nacional del 10 de abril, la CTA sigue reclamando un Salario Mínimo, Vital y Móvil equivalente a la Canasta Básica Familiar, no inferior a $ 9.000; Extensión del Salario Mínimo, Vital y Móvil a todos los trabajadores, incluyendo a los del sector público provincial y municipal, y a los que perciben planes sociales; Aumento jubilatorio de emergencia y 82 % móvil para jubilados y pensionados; Terminar con la precarización laboral; Eliminación del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores y Derogación de la Ley de Riesgos del Trabajo.

El proyecto de regular la protesta es inconstitucional en tanto y en cuanto pretende reglamentar un derecho constitutivo del sistema democrático al exigir una notificación de 48 horas ante la autoridad policial para realizar una movilización y establecer que será el Ministerio de Seguridad el que decida si la manifestación se considera legítima o ilegítima.

La CTA no admite que sea facultad del Poder Ejecutivo decidir la ilegalidad o legalidad de una protesta que se expresa por medio de una manifestación pública, mucho menos cuando de esta calificación dependa la represión inmediata o no de la misma.

En lugar de imaginar argucias de toda laya para reprimir la protesta social y restringir el derecho a peticionar, el Gobierno debería preocuparse en dar respuestas a las demandas populares insatisfechas a más de treinta años de retornada la democracia a nuestro país.

La mejor forma de convivencia no es la que intenta limitar o reprimir la protesta sino la que propicia instancias de participación y de expresión de los distintos actores sociales.

Asociar protesta a caos es un latiguillo que han utilizado desde el fondo de nuestra historia los sectores dominantes para “poner orden” cada vez que el pueblo cuestionó a fondo sus intereses políticos, sociales, ideológicos y económicos.

Cuando existen cinco mil militantes populares procesados y se amenaza con una condena a cadena perpetua a los petroleros de Las Heras en Santa Cruz, sanción considerada ejemplar por la propia Presidenta de la Nación, y ante la persistente negativa del poder a garantizar el derecho a la libertad y democracia sindical, la CTA convoca al conjunto de la sociedad a manifestar masiva y pacíficamente su rechazo a este nuevo intento de sofocar la protesta y respaldar la Nueva Ley Sindical junto al resto de reivindicaciones salariales y laborales.